En el número anterior de nuestra revista publicamos un dossier en el que varias instituciones representantes del juego oficial manifestamos nuestro repudio al proyecto de ley que intentaba legalizar el juego clandestino y crear un Instituto Nacional de Vendedores Ambulantes de Quiniela (INVAQ).

Con posterioridad a ello, como ustedes seguramente ya sabrán, los ilegales convocaron a una movilización hacia Casa de Gobierno que se realizó el 26 de abril de 2006, para pedir por la aprobación del proyecto anteriormente mencionado. En esa oportunidad continuaron esgrimiendo una supuesta “legítima defensa a sus fuentes laborales”, tratando de encubrir de este modo que en realidad se referían a su accionar contrario a la ley.

Asimismo, pedían la intermediación del Estado Nacional para frenar la entrada en vigencia de la nueva legislación bonaerense que penaliza su actividad, hecho que sin dudas representaba para ellos un gran embate.

Claramente, esta realidad debe haberles despertado temor por el negro futuro que se les avecinaba, puesto que comenzaron una campaña pública mucho más agresiva de justificación de su ilegal proceder.

Para esa misma época, ALAJA organizó una jornada sobre prevención del juego clandestino, a la que fuimos invitados en carácter de expositores para dar cuenta de nuestro activo repudio a esta actividad. En otra nota de esta edición profundizamos sobre esta información.

A lo largo de todo ese tiempo, desde la Cámara (y en algunos casos en conjunto con otras instituciones oficiales del sector) respondimos también públicamente con una campaña de prensa en donde repudiamos todas y cada una de las manifestaciones de los clandestinos.

Uno de los aspectos más salientes de nuestra embestida fue una carta de lectores de nuestro presidente, en donde se destacaba la impunidad con la que esta gente se movía, de qué manera se manifestaban públicamente en defensa de una actividad abiertamente contraria a las leyes. Allí también se enfatizó en el hecho de que, evidentemente, estas marchas estaban cuidadosamente armadas, con un despliegue y una organización que daba cuenta de que había recursos económicos para llevarlas adelante, lejos de la imagen que los ilegales intentaban dar de “simples trabajadores desvalidos”.

Como era de esperarse, las respuestas a nuestro accionar no tardaron en llegar.

Desde nuestra presentación, los ilegales han intentado agraviar a nuestro presidente, a través de la publicación de cartas de lectores en donde atacaban a su persona, obviamente como consecuencia de que no podían rebatir nuestras acusaciones.

Posteriormente, emitimos otro comunicado de prensa en donde expresábamos nuestro malestar por la segunda movilización que ellos organizaron el 14 de junio pasado. En esa oportunidad, la secretaria de la Cámara, María Martorello indicó: “De la marcha habría participado un grupo de los llamados lapiceros junto a grupos rentados. Creemos que la misma tuvo un neto corte político y que sus organizadores tienen un solo objetivo: buscan que se postergue por 60 días –valiéndose de argumentos absurdos- la aplicación de la ley bonaerense que los multa y encarcela”.

En esa oportunidad, CAOLN manifestó públicamente que comprendía que el grupo manifestante fuera recibido autoridades gubernamentales (en un caso, fueron atendidos por representantes del Poder Ejecutivo Nacional y en otro por miembros del Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires) porque como funcionarios del Estado están atendiendo a una supuesta demanda social pero alertamos en los medios que creemos que eso no significa que haya que amparar a una actividad totalmente externa a la ley. Al respecto, Martorello destacó: “No podemos incorporar a los clandestinos al circuito legal porque la experiencia nos dice que cuando se les da la oportunidad de formar parte del juego oficial usan esa posibilidad como fachada para volver al circuito ilegal”.

Desde nuestras instituciones estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando muy fuertemente en la lucha contra el juego clandestino, para refutar de plano esa idea esgrimida por los ilegales que indica que la quiniela clandestina está arraigada en el pueblo. Como todos sabemos, y más allá de la respuesta que ellos consigan entre los apostadores, su práctica es perjudicial no sólo para nosotros, agencieros oficiales, sino también para todos los más carenciados del país, que requieren de los fondos provenientes del juego que recibe el Estado para ver satisfechas sus necesidades en materia de salud, alimentación y educación.

Durante estos meses, ellos continuaron con su metodología de publicar cartas de lectores -supuestamente escritas por quinieleros clandestinos, que destacan su “honestidad”- y avisos en los diarios. Pero nosotros fuimos aún más lejos.

A fines de junio decidimos, junto a la Cámara de Agentes Oficiales Bonaerenses, realizar una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en la que pedimos la revocatoria de la afiliación del Sindicato de Vendedores Ambulantes Rama Quinieleros. (Ver página 12).

Así llegamos a la fecha de cierre de esta edición. Como ya saben, continuaremos informándoles de nuestro accionar en el próximo número de Azar & Placer, y esperamos poder seguir acercándoles buenas noticias referidas a nuestra incesante lucha.