Por Oscar Leone Abogado de la CAOLN.

La Cámara de Agencias Oficiales de Lotería Nacional llevando adelante distintas acciones contra quienes explotan el juego clandestino. La lucha no es fácil debido a que los que venden juego en forma clandestina se amparan en el hecho de que esa actividad ilegal aún está legislada como una contravención y no como un delito.

La  Cámara de Agencias Oficiales de Lotería Nacional llevando adelante distintas acciones contra quienes explotan el juego clandestino. La lucha no es fácil debido a que los que venden juego en forma clandestina se amparan en el hecho de que esa actividad ilegal aún está legislada como una contravención y no como un delito.

Como prueba de su impunidad, en 1995, mucho antes de que se promulgara la Ley Contravencional N° 255 de la Ciudad de Buenos Aires, la Juez que estaba a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 Secretaría N°56, había dictado una sentencia en la cual determinó que el Decreto 6618/57 -que tipificaba el juego ilegal- era inconstitucional. Se fundaba en que ese decreto no amparaba ningún bien jurídicamente protegido porque solo protegía la moral pública.

Cuando se dicto el Decreto 6618/57  el “quinielero” formaba parte de la vida  diaria de los argentinos. Su actividad no era contemplada desde la óptica del lucro indebido sino del mal ejemplo que significaba para los demás. Se partía de la base que el juego era inmoral en sí mismo.

Esta situación  se mantuvo hasta que en 1972 se creó el PRODE. A partir del éxito que tuvo, el Estado tomó conciencia de los grandes recursos que podía obtener del juego, y en consecuencia decidió monopolizar su explotación. Se oficializó la quiniela y luego siguieron otros juegos creados por el Estado.

Todos los fondos recaudados por la explotación del juego se destinan a atender a los más necesitados. Como vemos, el estado encauza una necesidad cultural,”jugar o apostar”, con fines benéficos. Esta figura determina que el Estado  tiene el monopolio del juego y, en consecuencia debe reglamentarlo y ejercer su poder de policía. Únicamente los autorizados por el Estado pueden comercializarlo o explotar el juego.

El Estado Nacional no puede ni debe instigar a la comunidad a jugar o a apostar, pero si puede encauzar esa necesidad humana brindándole seguridad, seriedad y transparencia, utilizando los fondos del juego para ayudar a los más  necesitados. Esta es la gran diferencia que existe entre el juego administrado  por el Estado  y el que es explotado clandestinamente por los particulares.

Hoy el juego es una gran industria y el juego clandestino mueve aproximadamente mil millones de pesos anuales. De estos mil millones, no ingresa un solo centavo al Estado Nacional. Solo los que venden juego ilegal se benefician  y no pagan impuestos de ninguna especie, solamente las ” coimas” para que los dejen “trabajar”.

En la Ciudad de Buenos Aires la gran mayoría de los locales de venta de Lotería Provinciales  venden quiniela clandestina. Están denunciados en la justicia y su actividad ilegal fue comprobada por allanamientos en los que se secuestraron evidencias incontrastables, como anotaciones, faxes, dinero, computadoras, etc.
Esos locales apenas venden uno que otro billete de las provincias. Todos sabemos que la lotería del billete hoy por hoy no es un éxito comercial.

Cuando hablamos de locales de loterías provinciales que venden quiniela clandestina, estamos refiriéndonos a mas de 2.500 locales dedicados exclusivamente a ello, sino contar con kioscos y otro tipo de comercios. Estos locales de venta de loterías provinciales están mimetizados con las agencias oficiales. El apostador desprevenido no sabe que esta jugando en una agencia provincial; le toman las apuestas de la quiniela para las mismas jugadas que vende Lotería Nacional S.E. y le entregan un ticket impreso por una computadora.

En estos casos estamos frente al delito de defraudación del Estado Nacional.

Con el objetivo de paliar este flagelo, y viendo que las acciones ante el fuero Criminal y Correccional no prosperaban favorablemente, la CAOLN inició acciones ante el Fuero Penal Económico denunciando a toda esa lacra social por evasión tributaria.

Desde 1996 la comisión Directiva de la CAOLN ha asumido directamente el ejercicio de la acción judicial contra el juego clandestino. En aquella oportunidad presentó una denuncia por “evasión tributaria”. Esta denuncia se fundamentaba en la ley 23.771 de Evasión Tributaria  y se presentó en el Departamento Central de Policía ante la dependencia ” Jurídico Contable”. Esta denuncia fue firmada por los integrantes de la Comisión Directiva de la CAOLN, asumiendo personalmente las consecuencias que podían derivarse de ella.

Todos éramos  consientes de que el Decreto 6718/58 no era suficiente para detener el juego ilegal. Las denuncias presentadas ante el Fuero Correccional no tenían resolución alguna y, en el mejor de los casos, el imputado se declaraba culpable y era condenado a pagar una multa. Así se terminaba la causa y el “culpable” continuaba tomando ” quiniela clandestina”.

La denuncia por “Evasión Tributaria” fue remetida al juzgado de Turno en lo Penal Económico, Juzgado 7 Secretaría 13. Y con la actuación de la fiscalía N° 2 a cargo del Dr. Emilio Guerberoff. El fiscal se encargó de la instrucción de la causa y fue así que durante tres años se realizaron más de mil allanamientos con resultado positivo en un 95% de los casos.

A mediados de 1997, y ya con bastante prueba reunida en la causa que llegó a tener 14 cuerpos, la CAOLN se presentó ante la D.G.I., hoy AFIP, solicitando su intervención en estos casos comprobados de evasión tributaria. Pero a pesar de las pruebas los funcionarios manifestaron que no podían hacer nada puesto que la actividad ilegal de vender juego clandestino no pagaba impuestos. Por lo tanto si esa actividad no pagaba impuestos no podían inspeccionarla.

Con tantas pruebas la CAOLN  presentó nuevas denuncias ante el Fuero Federal Penal por el delito de Defraudación al Estado Nacional. Con motivo de estas denuncias se realizaron varios allanamientos y en un principio las causas tomaron impulso, pero al ser apeladas las resoluciones judiciales los fiscales de la Cámara de Apelaciones dictaminaron que se trataba de causas de juego y que no representaba defraudación al Estado.

La causa por Evasión Tributaria tramitó hasta octubre de 1999, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promulgó la Ley 255 que establecía como contravención la venta no autorizada de juego. A partir de ese momento, la CAOLN y Lotería Nacional S.A. comenzaron a presentar las denuncias ante los Jueces contravencionales (ya se realizaron más de 700), acompañadas por otras presentaciones ante autoridades de la Ciudad y de La Nación.

Los estimados de venta ilegal , que superan en tres veces a la venta oficial, están fundados en una nota periodística realizada al presidente de ASALOT, entidad que representa a las agencias de venta de loterías provinciales, que en el diario La Razón del 22 de Diciembre de 1997, sostenía que 1.200 agencias provinciales vendían más de 500 millones de pesos anuales de juego ilegal.

El Delito

A pesar de las pruebas, denuncias, causas judiciales y presentaciones, esta lacra social continúa creciendo impunemente. Evidentemente, con las herramientas legales que existen solo se podría ir frenando a los ilegales pero no se logrará erradicarlos. La solución es tipificar la toma de juego en forma no autorizada como un delito.

Al hablar de delito, nos estamos refiriendo a la aplicación de penas más severas, a un registro de reincidencias, a un proceso penal. Asimilar la venta de juego sin autorización a un delito contra la propiedad. Concretamente contra la propiedad del Estado. También debemos tener en cuenta que la plata del juego ilegal forma parte del ” blanqueo de dinero”, dinero mal habido que es ingresado al circuito legal.

Es evidente que necesitamos un instrumento legal más severo para terminar con ese flagelo. Además, una ley que tipifique la venta no autorizada  de juego como un delito constituirá una herramienta económica, ya que a partir de su aplicación desaparecerá el juego ilegal y el Estado recuperará esos fondos para destinarlos a ayuda social.

Todos estamos luchando por una Argentina sin corrupción, más justa, más honesta, donde exista una distribución más equitativa de la riqueza, donde los que menos tienen logren una respuesta del Estado para, al menos, cubrir sus necesidades básicas. Todos estamos comprometidos con el futuro de nuestro país. Y por todo ello, entre otras cosas que nos afectan como Nación, no podemos seguir tolerando esta corrupción que representa el juego ilegal.

Tipificar la explotación del juego en forma no autorizada (juego ilegal) como delito es dotar al país de una herramienta legal represiva y de finalidad económica que redundará en beneficio de todos.